El estudio realiza una revisión de la experiencia en 17 países de europa, oceanía, áfrica, américa del norte, américa latina y asia, respecto a cómo resuelven ellos - desde la institucionalidad pública - la demanda ciudadana porque los proyectos de inversión "compartan beneficios" con las comunidades que habitan las localidades donde se instalan. Esto permite conocer experiencias que van desde mecanismos que obligan a compartir un porcentaje de la propiedad o de las utilidades con las comunidades cercanas, hasta otros que lo dejan completamente voluntario con guías de cómo realizarlo. Algunos contemplan requisitos en las licitaciones, otros tienen impuestos o royalties específicos, otros obligan a hacer inversiones en determinados ámbitos de necesidad y otros lo contemplan en el proceso de evaluación ambiental u obtención de permisos.