El PER, sin ser un instrumento vinculante, busca ser un insumo relevante para la Gestión y el Ordenamiento Territorial regional que se expresa a través de la elaboración de los Planes Regionales de Ordenamiento Territorial (PROT) y de otros instrumentos supracomunales o intercomunales.
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El presente estudio tiene como principal objetivo obtener una propuesta de contenidos y estructura para una nueva Norma Técnica de SSMM, que considere todos los cambios regulatorios y de tecnologías desde la entrada en vigencia de la normativa actual. Esta propuesta debe incluir los cambios legales y reglamentarios que le atañen, y servirá de insumo para el trabajo público y participativo que se debe realizar de acuerdo con la regulación vigente.
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El rápido desarrollo que están teniendo las nuevas tecnologías y uso de la energía eléctrica, a saber: la electrificación de demanda, la descentralización1 y la digitalización de la red; implicará un contexto desafiante para la industria energética en los próximos años, para el cual Chile debe estar preparado. Lo anterior implica ajustes al marco regulatorio, los que deben ser implementados en el momento adecuado y con la profundidad precisa para capturar los beneficios que en dicho contexto pueden aparecer. La implementación tardía o muy anticipada, o sin la profundidad necesaria, conlleva el riesgo de sufrir los efectos de las ineficiencias de una industria desadaptada, por lo que se trata de una decisión delicada.
El presente reporte corresponde al Informe de Final del estudio denominado “Incorporación de Opciones de Suministro de Electricidad para Clientes Regulados” desarrollado por la firma consultora Moray para la Comisión Nacional de Energía.
Este estudio tiene por objetivo desarrollar un análisis que permita dar una respuesta inicial a las siguientes preguntas : ¿Existe valor agregado, para los usuarios regulados2, en la incorporación de
opciones de suministro de electricidad? y ¿Cómo compatibilizar la incorporación de opciones de suministro de electricidad para usuarios regulados con (i) la necesidad de contar con contratos de largo plazo (como los actualmente ofrecidos en el mercado regulado) para viabilizar el desarrollo de infraestructura de generación competitiva que acompañe el crecimiento económico del país, y (ii) con la garantía básica de suministro competitivo y de calidad que requieren los usuarios finales.
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Este documento refleja el trabajo participativo llevado a cabo en la Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo para establecer una visión y una hoja de ruta al año 2050 en materias de energía.
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Siempre hemos buscado la participación activa de la ciudadanía, para que nuestras medidas cuenten no solo con validación política y técnica, sino también social, dado que una relación armónica entre proyectos de inversión y comunidad es clave para la viabilidad de estos en el largo plazo. Una buena expresión de ello es la Ley 20.805, en cuya elaboración participaron distintos estamentos de la sociedad civil: dirigentes sociales, representantes de ONG y organizaciones gremiales, asociaciones de consumidores, directivos y ejecutivos de empresas de los distintos segmentos eléctricos, y representantes del mundo académico. Esta nueva Ley de Licitaciones constituye un ejemplo de una política pública exitosa: redujo sustancialmente los precios de la energía, aumentó la competencia y diversificación en el sector eléctrico, pero a la vez se hizo cargo de la demanda ciudadana de mayor participación.
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El presente documento cartográfico exhibe información de las distintas centrales y proyectos de energías renovables a nivel nacional, detallando aspectos como su localización, tecnología, capacidad de generación y estatus. Este último considera las centrales en operación, en pruebas y en construcción, basados en la información publicada por la Comisión Nacional de Energía. Se incluyen los proyectos en calificación ambiental, aquellos que ya poseen aprobación ambiental (con RCA favorable) y caducados, según antecedentes públicos del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). Asimismo, se ha incorporado el catastro de concesiones geotérmicas, que contempla concesiones vigentes otorgadas (exploración y explotación), solicitudes en trámite (exploración y explotación) y exploración vencida con derecho exclusivo, información elaborada por el Ministerio de Energía.
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En la determinación de las vidas útiles de los activos de transmisión no se aprecia un consenso a nivel internacional, ni en valores ni en agrupación de activos. Así, algunas economías establecen un valor único para todas las instalaciones (por ejemplo, Inglaterra), otras establecen pocas categorías (por ejemplo, Ecuador con 2), y hay otras que establecen un número mayor de categorías (como Chile, que en el en tercer proceso de tarificación troncal estableció 5). Por otro lado, pueden establecerse, independiente el número de categorías de activos establecida, un valor único para todo el sistema, o bien realizar estudios individuales para determinar VU para cada empresa (como es el caso de Australia).
En el presente informe se realiza un análisis de la realidad internacional, seguido por una revisión de las vidas útiles establecidos en los procesos de tarificación nacional que incluían activos de transmisión (troncal, subtransmisión y sistemas medianos).
Para entender de mejor manera el proceso de determinación de las vidas útiles en Chile, se procedió a la revisión de las discrepancias planteadas al Panel de Expertos en dicha materia. Como conclusión general de esto se puede establecer que el Panel considera en sus decisiones, la experiencia internacional (en particular estudios utilizados por consultores que desarrollaron estudios de tarificación), las componentes de cada categoría de activos, sus valores de inversión y vidas útiles particulares, lo que resulta consistente con la propuesta metodológica propuesta por el equipo consultor.
Luego de revisada la realidad internacional y nacional, se procedió a recopilar vidas útiles, tanto las establecidas por los fabricantes, como las estimadas por las empresas. Además, se solicitó información a los transmisores nacionales sobre fechas de puesta en servicio y realización de mantenciones mayores, entendidas estas como aquellas que modifican el valor de inversión de un activo. Los antecedentes fueron recibidos en fechas muy próximas a la entrega de este informe, por lo que no pudieron ser sistematizados y analizados para entregar una propuesta definitiva de familias con sus respectivas vidas útiles.
A pesar de las limitaciones que impuso la recepción de la información, se procedió a establecer una metodología de cálculo, que incluyó considerar un nivel de desagregación mayor que el establecido por la Comisión Nacional de Energía en las bases de los estudios de tarificación de la transmisión, con el fin de llevar a cabo una reagrupación de los mismos.
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De acuerdo a lo establecido por el D.S. Nº 61, de 2012, modificado por el D.S. 107, de 2016, ambos del Ministerio de Energía, suscritos también por los Ministros de Transportes y Telecomunicaciones y del Medio Ambiente, que “Aprueba Reglamento de Etiquetado de Consumo Energético para Vehículos Motorizados Livianos y Medianos que indica”, la etiqueta de consumo energético deberá ser exhibida en los modelos de vehículos motorizados que utilicen diésel o gasolina como combustible, los vehículos eléctricos puros y los vehículos híbridos, todos, cuyo peso bruto vehicular sea menor a 3.860 kg.
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